Durante demasiado tiempo hemos hablado de las finanzas tradicionales y del ecosistema cripto como si fueran dos mundos enfrentados. A la banca se le atribuían la estabilidad y la confianza. A los criptoactivos, la disrupción y el riesgo. Hoy esa división explica cada vez menos. Las dos industrias ya prestan servicios comparables y tienen un interés común en proteger a sus clientes y evitar que se utilicen sus infraestructuras para delinquir.
La convergencia ya está en marcha
Los criptoactivos pueden intercambiarse, mantenerse en custodia, utilizarse en determinados pagos o aportarse como garantía. La EBA y ESMA han estudiado el préstamo, el endeudamiento y el staking en este ecosistema. El Eurosistema también ha explorado cómo liquidar en dinero de banco central operaciones sobre plataformas de registro distribuido. Son ejemplos de cómo los servicios financieros empiezan a prestarse sobre infraestructuras cada vez más diversas.
MiCA establece en la Unión Europea un marco para la emisión y oferta de determinados criptoactivos y para los proveedores de servicios cubiertos por el reglamento. Los bancos aportan experiencia en gestión de riesgos, liquidez y protección del cliente. Las empresas de activos digitales han desarrollado capacidades en programabilidad, custodia e integración tecnológica. La oportunidad está en combinar esas capacidades donde aporten un servicio más seguro o eficiente.
La velocidad exige coordinación
Un activo puede pasar de una jurisdicción a otra en segundos. Cuando existe un fraude, esa velocidad amplía la distancia entre el tiempo que tarda en moverse el valor y el que requiere obtener información o acordar una medida. El GAFI ha advertido de riesgos de financiación ilícita asociados a los activos virtuales, incluidas las stablecoins, y de las diferencias en la aplicación de sus estándares entre jurisdicciones.
Muchas redes conservan un registro de los movimientos que puede analizarse incluso después de que los fondos hayan cambiado de servicio. Ese rastro ayuda a localizar activos y orientar la investigación. La atribución de su control exige corroboración, y su preservación depende de la base jurídica, la autoridad competente y la forma de custodia.
Construir los canales antes de la urgencia
La colaboración público-privada empieza con acuerdos de trabajo concretos. Conviene que cada parte sepa a quién dirigirse, qué información puede pedir o aportar, con qué garantías y cómo se confirma que una solicitud ha llegado al interlocutor adecuado. Esas preguntas se pueden abordar con antelación mediante formación conjunta y ejercicios con supuestos ficticios.
Cada parte tiene una función propia. Las autoridades actúan dentro de sus competencias y con las garantías aplicables. Los bancos, los proveedores y las empresas de análisis aportan información y capacidad técnica dentro del marco que les corresponde. Un canal conocido y bien definido reduce el tiempo perdido en aclarar responsabilidades cuando cada hora cuenta.
El futuro de las finanzas será híbrido. Su seguridad dependerá de la capacidad de las organizaciones para cooperar cuando una transacción, una prueba o un activo atraviesen sus fronteras. Esos puentes se construyen antes de que hagan falta.